Amnistía Internacional trabaja en pro del respeto de los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales. Promueve la observancia de todos los derechos humanos, que considera interdependientes e indivisibles, con actividades de concienciación pública y otras acciones, así como por medio de la educación en derechos humanos y de la presión para que se ratifiquen y apliquen los tratados de derechos humanos.
Amnistía Internacional es independiente de todo gobierno, ideología política o credo religioso. No apoya ni se opone a ningún gobierno o sistema político, ni tampoco apoya ni se opone a las opiniones de las víctimas cuyos derechos intenta proteger. Su único interés es la protección imparcial de los derechos humanos.
El derecho de asilo en España: una carrera de obstáculos
Amnistía Internacional presenta un informe que demuestra las dificultades que encuentran las personas que buscan refugio en España y alerta sobre el riesgo de que se adopten medidas que acentúen la desprotección tras los hechos del 11 de septiembre.
Refugio en España
Buscar refugio en España para quien huye de violaciones de derechos humanos se ha convertido en una larga cadena de dificultades a sortear. Una carrera de obstáculos cuyo desenlace, en demasiadas ocasiones, está en manos de la suerte. En base a una investigación apoyada en decenas de casos, Amnistía Internacional ha detectado barreras de acceso en costas y puertos marítimos españoles y por vía aérea, dificultades o asesoramiento inadecuado en Embajadas españolas en el extranjero, así como irregularidades en el procedimiento de admisión a trámite de peticiones de asilo.
Amnistía Internacional señala entre algunas de las barreras: la imposición de visados a los nacionales de países donde hay graves violaciones de derechos humanos y en los que es difícil conseguir visados, la posibilidad de multas a compañías de transporte que traigan personas indocumentadas a España, o el establecimiento de controles de documentación al pie, en las escalinatas o los mismos aviones. Igualmente da cuenta de casos de compañías navieras que ponen impedimentos a las organizaciones para subir a bordo de buques con polizones. Amnistía Internacional tienen constancia de casos de polizones que no obtuvieron asilo en España y sí en otros países posteriormente.
Todas estas restricciones que España impone a quienes huyen de violaciones de derechos humanos y buscan seguridad en nuestro país se recogen y analizan en un nuevo informe de la Sección Española de Amnistía Internacional (AI), titulado precisamente "El asilo en España: una carrera de obstáculos", que ha sido presentado hoy en Madrid.
Amnistía Internacional destaca la incidencia negativa de los marcos normativos europeos y españoles, así como la existencia de prácticas que pueden estar impidiendo el acceso de los solicitantes a los procedimientos de asilo y a la obtención del estatuto de refugiado. La brusca caída de solicitantes de asilo en España, de 12.615 en el año 1993 hasta 7.926 en el año 2000, con un leve repunte entre los años 1998 y 1999, puede ser explicada por tales restricciones.
El informe documenta cómo, en demasiadas ocasiones, personas procedentes de países que atraviesan graves crisis de derechos humanos, como Liberia o Sierra Leona, no han podido acceder al procedimiento de asilo en España o han tenido que enfrentarse a serias dificultades para obtener la protección como refugiado. El porcentaje de inadmisión de solicitantes de asilo procedentes de Liberia y Sierra Leona fue de 84% y 66% respectivamente en 1999. A Amnistía Internacional le preocupa sobremanera que, en varios de los casos recogidos en este informe, haya sido necesaria la presión de ONG y sindicatos para que la legalidad se cumpla.
El equipo de AI que ha realizado esta investigación ha detectado grandes barreras para acceder a un procedimiento justo de asilo. Destacan casos como el de las siete personas de origen kurdo o los quince subsaharianos que permanecieron durante 15 días en el aeropuerto de Barajas privados de libertad, además del uso de sedante y cinta adhesiva en varias expulsiones.
Este nuevo informe trata también de las especiales dificultades que encuentran los refugiados en Ceuta y Melilla, dos de las provincias que reciben más solicitudes de asilo. En estas ciudades se han producido situaciones tan alarmantes como la vivida por doce solicitantes de asilo iraquíes que emprendieron una huelga de hambres tras una espera de siete meses para disponer de un intérprete.
Entre las recomendaciones de Amnistía Internacional dirigidas a las autoridades españolas, destacan: respetar el principio de no devolución e impedir la devolución forzosa de personas en peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos; asegurar que las medidas de control de inmigración no impiden a los solicitantes de asilo llegar a España y acceder al proceso de asilo, y hacer efectivo su acceso al procedimiento, poniendo fin a cualquier práctica que impida solicitar asilo a quien alegue huir de persecución.
Repercusiones de los atentados del 11 de septiembre en el derecho de asilo
Todo apunta a que la situación creada a raíz de los terribles atentados del pasado 11 de septiembre va a repercutir negativamente sobre los derechos de los solicitantes de asilo. Algunos Estados proponen limitar el derecho a solicitar asilo, negándolo en base a sospechas de "terrorismo", mientras que otros tienen la intención de modificar sus leyes sobre inmigración de un modo que puede conducir a que se produzcan expulsiones sin que se garantice el principio de "no-devolución", que establece que nadie será enviado a un país donde pueda sufrir graves abusos contra los derechos humanos, como la tortura.
En el marco de la Unión Europea, por ejemplo, se están debatiendo propuestas en el marco de la cooperación judicial en materia penal, como la "orden de detención europea" o el "procedimiento de entrega entre Estados miembros", que no introducen las garantías necesarias para que se respete este principio de "no-devolución", ni incluyen salvaguardas para la protección de los refugiados. La Unión Europea debe prohibir a los estados miembros la devolución de toda persona que corra el riesgo de ser víctima de violaciones graves de derechos humanos, como convertirse en preso de conciencia, ser juzgado sin las garantías mínimas internacionales para un proceso justo, ser condenado a pena de muerte o sufrir tortura, malos tratos o cualquier otro tipo de castigo cruel, inhumano o degradante.
Amnistía Internacional hace un llamamiento a adoptar las iniciativas necesarias dentro del marco de la Unión Europea para que las leyes y políticas de asilo, y otras medidas que se adopten en ese marco, no sean contrarias a la legislación internacional de refugiados y derechos humanos.
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